07 mar. 2016

La Declaración de Interés Comunitario

Nuestra legislación autonómica, desde su origen, ha establecido un régimen diferente para el suelo no urbanizable sujeto a una especial protección y para el que no obedece a esta limitación y queda sometido a una regulación común; y en este último, además diferencia entre las facultades del propietario para desarrollar los usos propios de este tipo de suelo, que se reconocen directamente por la Ley, de aquellas otras precisas para ejecutar obras o edificaciones, que requieren la autorización de la Administración mediante una atribución específica por una doble vía: bien sea a través del planeamiento urbanístico y siempre sujeta a licencia municipal con la previa autorización de la Generalitat, bien sea mediante una actuación de mayor intensidad, a través de la institución creada por la Ley que es la declaración de interés comunitario, concebida como una especie de planeamiento puntual que va más allá de la mera actuación tutelar de policía en que consiste la autorización.

 

Según queda establecido en la propia Exposición de Motivos de la vigente Ley 5/2014, de 25 julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de Comunidad Valenciana, al tratar del suelo no urbanizable “Dos son las formas clásicas de intervención de las administraciones en la asignación de usos y aprovechamientos: la autorización municipal y la declaración de interés comunitario, cuya aplicación se establece en función del tipo de actividad y de la intensidad del uso a implantar en el suelo rural”.

 

  1. Configuración de la DIC como una atribución de facultades previa a la licencia municipal. Competencia para otorgar la DIC.

 

La Ley configura la declaración de interés comunitario como una atribución de facultades que ha de preceder a la licencia municipal precisa para permitir a los particulares la ejecución de obras o instalaciones sobre sus parcelas. De este modo se expresa en el art. 200 de la citada la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de Comunidad Valenciana, cuando señala lo siguiente:

 

  1. Estarán sujetos a licencia urbanística municipal y, en su caso, a previa declaración de interés comunitario, en los términos previstos en este capítulo, los actos de uso y aprovechamiento que promuevan los particulares en el suelo no urbanizable.
  2. No se podrán otorgar licencias municipales, ni de obras ni de actividad, que legitimen usos y aprovechamiento en suelo no urbanizable que, en los casos y mediante las técnicas reguladas en este capítulo, estén sujetos a previo informe, declaración de interés comunitario o autorización correspondiente, hasta que conste en el expediente su emisión y, en su caso, se acredite el cumplimiento de las condiciones impuestas por ellos.
  3. La solicitud de las licencias que autoricen actos de edificación en suelo no urbanizable que requieran la previa declaración de interés comunitario, deberán incorporar dicha declaración junto con la solicitud.
  4. Las licencias que autoricen actos de edificación en el suelo no urbanizable se otorgarán tras hacer constar el propietario en el registro de la propiedad la vinculación de la finca o parcela, o parte de ellas, con superficie suficiente según esta ley y el planeamiento urbanístico, a la construcción autorizada, y la consecuente indivisibilidad de la misma, así como a las demás condiciones impuestas en la licencia y, en su caso, en la declaración de interés comunitario.
  5. En todo caso, el transcurso del plazo previsto legalmente para otorgar la licencia municipal en estos supuestos tendrá efectos desestimatorios, considerándose denegada la autorización.
  6. No podrán iniciarse obras o instalaciones en el medio rural sin que previamente se obtengan las licencias municipales para su lícito funcionamiento.

 

La competencia para otorgar la declaración de interés comunitario corresponde a la Conselleria competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, y en el procedimiento para otorgarla, conforme queda previsto en el art. 206 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de Comunidad Valenciana se prevé la intervención del Ayuntamiento, ya que dicho precepto señala que la Conselleria someterá el expediente al trámite de informes de los distintos departamentos y órganos competentes de las administraciones estatal, local y autonómica que pudieran verse afectados en sus respectivas competencias, así como de los ayuntamientos colindantes y que se solicitará asimismo informe del ayuntamiento sobre cuyo término municipal se solicite implantar la actuación. Estos informes podrán versar sobre el contenido de su planeamiento u otras consideraciones de oportunidad.

 

  1. Contenido del informe que ha de emitir el Ayuntamiento.

 

El contenido del informe municipal que ha de emitirse viene establecido en el conjunto del articulado de la Ley, y así, la primera cuestión que debe ser objeto de pronunciamiento municipal es la oportunidad y conveniencia de que la construcción o actividad pretendida sea instalada en el suelo no urbanizable y, concretamente, en el emplazamiento elegido para ello; como la propia Ley señala, una de las cuestiones que debe analizarse a la hora de resolver el procedimiento de las declaraciones de interés comunitario es la relativa a la justificación de su implantación en el suelo no urbanizable, lo que exige una valoración positiva de la actividad solicitada que acredite la necesidad de emplazamiento en el medio rural y la compatibilidad de la misma con el planeamiento vigente y con las previsiones futuras, sobre todo si se tiene en cuenta que la atribución de usos que supone la declaración de interés comunitario tiene un lapso temporal definido; junto a ello se requiere que se justifique la mayor oportunidad y conveniencia de la localización propuesta frente a otras zonas del medio rural y la utilización racional del territorio.

 

De este modo, la justificación de la necesidad de emplazamiento en el medio rural y la determinación de la compatibilidad y coherencia de la misma con el planeamiento, debe ser objeto de análisis en el informe municipal, ya que el Ayuntamiento es la Administración que ostenta la competencia principal en materia de ordenación pormenorizada y la atribución de los usos que constituye la declaración de interés comunitario, no solo incide directamente en esa materia, sino que forma parte de la misma.

 

Como la propia Ley establece, dicha justificación debe realizarse valorando la imposibilidad física de ubicar la actividad en otro tipo de suelo, y sopesando la incidencia de la actividad en aspectos tales como el desarrollo sostenible o la recuperación natural de las zonas deprimidas, la compatibilidad de la actuación con la infraestructura verde y el paisaje, la cercanía de la actividad a las redes de infraestructuras ya existentes, la incidencia de la misma sobre el mantenimiento de dichas infraestructuras o u capacidad para causar desperfectos sobre las mismas a causa de la intensidad del uso, como son los caminos rurales, redes de riego, etc. y la contribución de la actividad a mejorar los niveles de ocupación laboral de la zona.

 

De algunas de estas circunstancias puede surgir la necesidad de incluir en el informe municipal la exigencia de medidas correctoras para evitar la acción perjudicial de la actividad propuesta sobre el entorno.

 

Respecto de la actividad a la que se refiere el presente informe, y sin perjuicio de que la cuestión sea abordada por otros técnicos municipales y en particular, por los servicios técnicos encargados de la ordenación del territorio, entendemos que la justificación de su emplazamiento resulta evidente por tratarse de una ampliación de unas actividades e instalaciones ya existentes que imponen su ubicación en el lugar para el que se interesa la declaración de interés comunitario, excluyendo otros posibles emplazamientos.

 

Por lo que respecta a la compatibilidad y coherencia de la actividad propuesta con el planeamiento habrá de estarse a la clasificación y calificación que el plan vigente establece para dichos terrenos, así como a la que se contiene en la propuesta de plan que se encuentra en trámite. En cuanto a la primera, la condición de suelo no urbanizable común y la preexistencia de las instalaciones en las que se desarrolla su actividad por la Cooperativa, que ya han sido objeto de autorización expresa por el Ayuntamiento, justificarían suficientemente la compatibilidad de la ampliación propuesta con las determinaciones del plan en vigor.

 

En cuanto a la compatibilidad de dicha ampliación con el planeamiento que se encuentra en trámite de redacción, deberá estarse al informe que al respecto se emita por los servicios técnicos municipales, atendida la condición de suelo urbanizable que se prevé en dicha propuesta para el ámbito sobre el que se plantea la ampliación. A este respecto será preciso constatar que la instalación pretendida se ajusta en sus determinaciones a la ordenación pormenorizada que se contiene en la propuesta de planeamiento que se encuentra en trámite, todo ello sin perjuicio de condicionar la declaración de interés comunitario a que las edificaciones e instalaciones que hayan de ejecutarse como consecuencia de dicha declaración hayan de sujetarse a las determinaciones de dicha ordenación, sujetando los terrenos a dicha ordenación y a los procedimientos de desarrollo de la misma, sin que el otorgamiento de las licencias y autorizaciones que permitan la construcción de tales edificaciones y la implantación de las actividades pretendidas por el solicitante de la DIC supongan menoscabo de las facultades y derechos de la administración en cuanto a los aprovechamientos urbanísticos que haya de percibir como consecuencia de la gestión urbanística a la que deban someterse los terrenos en cuestión, así como tampoco podrán suponer dichas licencias y autorizaciones exención o minoración de las obligaciones de los propietarios de los terrenos sobre los que se implanten dichos usos y edificaciones respecto de las cargas de urbanización que graven sus terrenos en el seno de la actuación.

 

  1. Plazo a que debe quedar sujeta la Declaración de Interés Comunitario.

 

Otra de las circunstancias acerca de las que debe pronunciarse el informe municipal es el plazo al que debe quedar sujeta la declaración de interés comunitario ya que, conforme dispone el art. 205 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de Comunidad Valenciana, el plazo de vigencia del uso y aprovechamiento atribuido por la declaración de interés comunitario, que no podrá exceder de treinta años, se fija por la Consellería a propuesta motivada del ayuntamiento afectado.

 

De este modo, es el Ayuntamiento el que debe proponer un plazo concreto y justificar el motivo o motivos por los cuales señala dicho plazo, el cual, dentro del límite máximo establecido en los treinta años, entendemos que deberá ser proporcional a la envergadura de las inversiones, infraestructuras e instalaciones que haya sido preciso efectuar para implantar las actividades que dan lugar a la declaración de interés comunitario.

 

En el presente supuesto el plazo de vigencia de la declaración habrá de vincularse a la aprobación y ejecución del planeamiento que el Ayuntamiento pretende implantar sobre el ámbito territorial para el que se reclama la DIC, de modo que en el momento en el que sea ejecutado y concluida la actuación urbanizadora que sirva al desarrollo del plan que asigne unos usos compatibles con las instalaciones que ahora hayan de implantarse con ocasión de la declaración de interés comunitario, habrá de entenderse que es el plan el que rige en dicho ámbito y que cesa la vigencia de dicha declaración; o lo que es lo mismo, la vigencia de la DIC cesará en el momento de la recepción definitiva de las obras de urbanización que hayan sido desarrolladas en el ámbito territorial en el que queden incluidas las edificaciones e instalaciones construidas al amparo de aquella, y que hayan servido para conformar como solares a los terrenos que son objeto de la referida declaración.

 

Para el supuesto de que los referidos terrenos no fuesen objeto de desarrollo urbanístico inmediato puede preverse el plazo máximo de treinta años, sin perjuicio de que dicho plazo sea extinguido de forma automática en el momento en el que se produzca el hecho referido en el párrafo que antecede.

 

El transcurso del plazo de vigencia del uso y aprovechamiento atribuido producirá la caducidad de la declaración de interés comunitario y de la licencia urbanística, si bien el interesado podrá, antes del vencimiento de dicho plazo, solicitar de la consellería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo prórroga por un período igual o inferior al inicialmente asignado. Caducada la declaración de interés comunitario, su titular procederá al cese de la actividad, a desmantelar las instalaciones y a demoler las construcciones realizadas, con reposición del suelo a su estado original.

 

  1. Importe del canon.

 

La tercera de las cuestiones han ser contempladas en el informe municipal es la relativa a cual haya de ser el importe del canon que el interesado, titular de la declaración de interés comunitario haya de abonar como consecuencia de la atribución extraordinaria de los usos y aprovechamientos que se le confieren con ella; y esto porque, como el art. 204 de la la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de Comunidad Valenciana establece, la declaración de interés comunitario está vinculada a una actividad concreta y obliga al promotor o propietario a pagar el correspondiente canon de uso y aprovechamiento; la percepción del canon corresponde a los municipios y las cantidades ingresadas por este concepto se integrarán en el patrimonio municipal del suelo.

 

El Ayuntamiento puede proponer la exención del pago del canon de uso y aprovechamiento únicamente cuando se trate de actividades benéfico asistenciales y sin ánimo de lucro suficientemente acreditado, o su reducción hasta un cincuenta por cien cuando se trate de actividades industriales, productivas, terciarias o de servicios susceptibles de crear empleo de forma significativa, en relación con el empleo local.

 

Asimismo podrá acordar, a solicitud del interesado, el fraccionamiento o aplazamiento del pago, siempre dentro del plazo de vigencia concedido, aunque la regla general es que el canon se devengue de una sola vez, con ocasión del otorgamiento de la licencia urbanística a la que dé lugar la actuación prevista en la declaración de interés comunitario.

 

Con arreglo a lo previsto en dicho artículo, el canon de uso y aprovechamiento se establecerá por cuantía equivalente al coste económico que se derivaría de la transformación urbanística del suelo para la obtención de una parcela de superficie, uso y aprovechamiento equivalente a la efectivamente ocupada por la actividad autorizada por la declaración de interés comunitario.

 

A estos efectos debemos significar que el importe del canon deberá establecerse en el informe que hayan de emitir los servicios técnicos municipales con arreglo al criterio establecido en la Ley al que acabamos de hacer referencia; sin perjuicio de lo cual y dada la singularidad que afecta a la actividad que se pretende implantar con la presente DIC, atendida la posibilidad de que el plazo de vigencia de la misma pueda extinguirse como consecuencia de la ejecución del plan que el Ayuntamiento está tramitando para los terrenos en cuestión, se propone que el canon tenga un devengo anual, con el fin de que el mismo sea liquidado únicamente por el periodo en el que la actividad sea desarrollada por los interesados mientras el suelo no haya sido objeto de ejecución urbanística, y que no se liquide una vez cese la vigencia de la DIC, conforme al criterio antes expuesto en cuanto al plazo de eficacia de la misma.

 

  1. Otros aspectos de la Declaración de Interés Comunitario.

 

Además de lo anterior, el Ayuntamiento también puede proponer en su informe a la Conselleria la tramitación urgente de las declaraciones de interés comunitario cuando se trate de actividades industriales, productivas y terciarias o de servicios, en atención a su capacidad para crear empleo, en cuyo caso, si así lo acuerda la Conselleria, los plazos previstos en la ley se reducen a la mitad, y el plazo de información pública será de 20 días hábiles.

 

No cabe tramitar con carácter de urgencia aquellas actuaciones que, por razón de su objeto, estén sujetas a informes exigidos por la legislación de patrimonio cultural inmueble o impacto ambiental.

 

En el presente supuesto, tratándose de una cuestión de oportunidad y conveniencia, debe ser objeto de decisión de la Corporación municipal acudir a la solicitud de la tramitación urgente de la DIC, a la vista de las circunstancias concurrentes en el expediente.

 

Por último la declaración de interés comunitario requiere, de acuerdo con la legislación ambiental, un pronunciamiento acerca del impacto ambiental del proyecto. A estos efectos deberá estarse a lo que al respecto sea informado por los servicios técnicos municipales con competencia sobre la materia.

 

En cuanto al órgano municipal que ostenta la competencia para la emisión del referido informe, la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de Comunidad Valenciana no hace referencia a cual haya de ser dicho órgano, refiriéndose al ayuntamiento en una expresión genérica e inconcreta, por lo tanto, debemos acudir a la legislación básica estatal en materia de Régimen Local para dilucidar dicha cuestión; y a estos efectos el art. 22 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local dispone que es competencia del Pleno:

 

c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos.

 

Resulta evidente que las declaraciones de interés comunitario, aun siendo un acto de atribución de usos y aprovechamiento urbanístico de carácter extraordinario no participan de la naturaleza propia de los planes urbanísticos, por lo que parece claro que no haya de ser el pleno del ayuntamiento el órgano encargado de la emisión del informe en cuestión.

 

Por su parte, el art. 21 de la citada Ley atribuye al Alcalde las siguientes competencias en materia de aprobación de instrumentos urbanísticos:

 

j) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.

 

Tampoco parece que la emisión de el informe referido admita un encaje perfecto en este epígrafe de las competencias de la Alcaldía, por lo que estimamos más adecuado entender que la misma haya de venir dada por la competencia residual que la Ley le asigna en el último de los epígrafes del referido artículo 21, cuando dice que el alcalde ostenta como atribuciones:

 

s) Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquellas que la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales.

 

La emisión de dicho informe por tanto podrá adoptarse mediante la correspondiente resolución de la Alcaldía-Presidencia, previa la emisión de los informes de los servicios municipales a los que acabamos de hacer referencia y de cuantos otros se estimen precisos para dar sustento a la misma, en la que queden recogidas las determinaciones de dichos informes o en la que simplemente se preste conformidad al contenido de los mismos, si a ello hubiere lugar.

 

Conforme a la referida legislación de régimen local, concretamente en virtud de lo dispuesto en el punto 3 del referido art. 21 de la Ley 7/1985, la atribución de la Alcaldía relativa a la emisión del informe al que se hace referencia en el presente, es un acto susceptible de delegación.

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