10 may. 2016

El nuevo procedimiento administrativo (I): Antecedentes

El artículo 149.1.18 de la Constitución española atribuye al Estado competencia legislativa de éste para establecer las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común.

 

El procedimiento administrativo es la expresión clara de que la Administración pública actúa sometida al derecho y a la ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la Constitución.

 

Por procedimiento administrativo común podemos entender:

 “El conjunto de formas y garantías relativas a los procedimientos de actuación administrativa, que, en todo caso, corresponde regular al legislador estatal y que deben ser respetadas, cualesquiera que sean los procedimientos específicos de que se trate.”

 

En la actualidad el procedimiento administrativo común se encuentra regulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y procedimiento administrativo común.

 

En el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) se puso de manifiesto la necesidad de dotar a nuestro sistema legal de un derecho administrativo sistemático, coherente y ordenado. Por ello, ya en dicho informe se previó la elaboración de dos leyes independientes:

  • Una, reguladora del procedimiento administrativo, que integraría las normas que rigen la relación de los ciudadanos con las Administraciones.
  • Otra, comprensiva del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, donde se incluirían las disposiciones que disciplinan el sector público institucional.

 

 

Así, a partir del próximo 2 de octubre de 2016 entrará en vigor la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelanta LPAC).

 

No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley.

 

Mediante la LPAC también quedarán derogadas las siguientes normas:

  • Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
  • Los artículos 4 a 7 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
  • Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

 Dejamos de tener una norma procedimental específica (en este caso, El RD 429/1993), y en su lugar se seguirá el procedimiento común recogido en la nueva Ley, con las especialidades que en ella misma se fijan.

 

  • Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 

A partir de la entrada en vigor de la Ley 39/2015, el procedimiento sancionador también se regirá por sus disposiciones comunes. El Título IV regula el procedimiento administrativo común, y dentro de él se han establecido las particularidades del sancionador.

 

Debe indicarse que ciertos procedimientos sancionadores se regirán por su normativa específica; en concreto, los instruidos en materia tributaria y aduanera, en el orden social, en materia de tráfico y seguridad vial y en materia de extranjería.

 

Los principios generales de la potestad sancionadora y de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas no debemos buscarlos en esta Ley de Procedimiento sino en su hermana, la Ley del Sector Público.

  • Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro.
  • Los artículos 2.3, 10, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29.1.a), 29.1.d), 31, 32, 33, 35, 36, 39, 48, 50, los apartados 1, 2 y 4 de la disposición adicional primera, la disposición adicional tercera, la disposición transitoria primera, la disposición transitoria segunda, la disposición transitoria tercera y la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Hasta que, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final séptima, produzcan efectos las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, se mantendrán en vigor los artículos de las normas previstas en las letras a), b) y g) relativos a las materias mencionadas.

 

No obstante lo anteriormente indicado, debemos tener muy en cuenta cuando llegue la fecha del 2 de octubre, que los procedimientos que se encuentren iniciados a esa fecha se seguirán rigiendo por la Ley 30/1992, con la particularidad de los recursos que se estará a lo establecido en LPAC.

 

El objeto de la LPAC es regular, como indica su artículo 1;

  • Los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos.
  • El procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas.
  • Los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.

 

Es decir, la LPAC tiene por objeto la actividad “ad extra” de las Administraciones, la actividad dirigida a los ciudadanos, partiendo en todo momento de los principios de actuación que la Constitución de 1978 establece en sus artículos 103.1 y 105.

 

El apartado segundo de este artículo contiene un claro guiño a la simplificación de cargas administrativas para el ciudadano, cuando dispone que sólo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley.

 

Así, nos encontramos con una normativa básica para todas las administraciones públicas, con la particularidad para las entidades locales de lo establecido en el Reglamento de Organización y funcionamiento de las entidades locales.

 

Los principios inspiradores de la nueva Ley de procedimiento Administrativo común, son

  • Principio de oficialidad (arts. 70 a 74 LPAC)
  • Principio de formalismo (art. 82 LPAC)
  • Principio de información y transparencia (arts. 13, 14 LPAC)
  • Principio de participación (arts. 13, 14, 76, 82 y 83 LPAC)
  • Principio de igualdad (arts. 53 y 71 LPAC)
  • Principio de eficacia administrativa (arts. 21 y siguientes, art 72 LPAC)
  • Principio de gratuidad del procedimiento (art. 133 CE, 78 LPAC).
  • Simplificación administrativa.

 

 

 

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